Manuel Llamas | 21 de enero de 2020
La ambición de Pedro Sánchez por alcanzar la Presidencia del Gobierno y sus pactos con partidos de todo tipo tendrán un enorme coste político, social y económico en España.
El nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos acaba de echar a andar y muchos españoles todavía no son conscientes de la enorme factura política, social y económica que tendrá que sufragar el país a lo largo de los próximos años por culpa de la desmedida ambición de poder de Pedro Sánchez. Una cosa es gobernar y otra muy distinta hacerlo a cualquier precio.
La entrada de los comunistas en el Consejo de Ministros, algo inédito en España desde la Segunda República y casi sin precedentes en Europa occidental, ya es de por sí grave, puesto que intensificará tanto la agria polarización que sufre la sociedad como la errónea senda económica y presupuestaria iniciada por Sánchez, mientras que el apoyo externo de los independentistas, con ERC a la cabeza, contribuirá de forma sustancial al preocupante deterioro institucional del país, tal y como evidencia, por ejemplo, la elección de Dolores Delgado, exministra de Justicia del PSOE, como fiscal general del Estado.
Sin embargo, a Sánchez, artífice de este relevante punto de inflexión en la reciente historia de la democracia española, poco o nada le importan las consecuencias de tal dislate, puesto que su único objetivo es el ejercicio del poder por el poder. No en vano, el líder del PSOE acaba de firmar con sus socios el acuerdo de gobierno más oneroso de los últimos 40 años, y no solo por el gran desembolso económico que supondrá, siempre y cuando Sánchez cumpla su palabra, sino por la cantidad e importancia de las cesiones suscritas para lograr el apoyo de diferentes partidos a su investidura.
A continuación, se enumeran las 30 principales cesiones de Sánchez a comunistas y separatistas:
1. El primer efecto visible del Gobierno de coalición es su tamaño, ya que el Consejo de Ministros pasa a estar formado por 23 miembros (18 ministros, 4 vicepresidentes y 1 presidente), el más concurrido desde 1982. Como consecuencia, el número de altos cargos sube de 179 de la última legislatura del PP a 260, mientras que el número de asesores crece de 65 a 110. El coste adicional de esta mayor estructura rondará los 24 millones de euros si se completa la legislatura.
2. Compromisos de gasto público por un valor próximo a los 35.000 millones de euros al año.
3. Una lesiva subida de impuestos, cuya capacidad recaudatoria inicial rondará los 5.000 millones de euros, pero cuya probable extensión a las rentas medias y bajas elevará la carga fiscal de la inmensa mayoría de contribuyentes.
4. El déficit público y la deuda aumentarán.
5. Derogar la reforma laboral de 2012, volviendo así a las nocivas rigideces del pasado, cuya vigencia ha condenado a España a sufrir una tasa de paro media del 16% entre 1980 y 2008, antes de que estallara la última crisis, junto a una temporalidad media del 33%.
6. Subir de forma unilateral el salario mínimo interprofesional a cerca de 1.200 euros al mes al final de legislatura, dificultando con ello el empleo de jóvenes, parados de larga duración y trabajadores de escasa cualificación.
7. Derogar la reforma de las pensiones de 2013, tanto el Índice de Revalorización, que limitaba las subidas anuales al 0,25% en caso de que la Seguridad Social registrara números rojos, como el Factor de Sostenibilidad, ideado para amoldar la cuantía inicial de las prestaciones al aumento de la esperanza de vida.
8. Posibilitar a los ayuntamientos la limitación del precio de los alquileres, así como dificultar el desalojo de okupas y morosos.
9. Crear una Mesa bilateral de negociación entre el Gobierno y la Generalidad para resolver el “conflicto político” que existe en Cataluña.
10. Dicha Mesa estará abierta a la discusión de todos los temas que se planteen, incluida la independencia de Cataluña, la cual no viene recogida en la Constitución.
11. Superar la “judicialización” del procés. Es decir, sortear la acción de la Justicia y del Estado de derecho, al tiempo que se exploran vías para acortar la estancia en la cárcel de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.
12. Celebrar un referéndum en Cataluña sobre las medidas acordadas en dicha Mesa bilateral.
13. Traspasar al País Vasco las competencias pendientes que establece su Estatuto de Autonomía y ceder a Navarra las competencias de tráfico.
14. Negociar un nuevo Estatuto vasco, así como adecuar la estructura del Estado al “reconocimiento de las identidades territoriales, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”.
15. Aumentar la inversión en infraestructuras en el País Vasco, con especial mención a las líneas de alta velocidad.
16. Impulsar una mayor presencia y participación de las instituciones vascas en la Unión Europea.
17. Abrir cauces para promover la representación internacional del País Vasco en el ámbito deportivo y cultural.
18. Mejorar y aumentar las infraestructuras de la denominada “España vaciada” y, en concreto, desarrollar la red viaria de Teruel.
19. Crear nuevos incentivos fiscales en las zonas despobladas.
20. Implantar y extender la banda ancha a todo el territorio nacional, priorizando las zonas más despobladas en la distribución de ayudas para tal fin.
21. Trasladar algunas sedes de instituciones y organismos públicos a otras provincias, más allá de Madrid, para impulsar la desconcentración territorial del Estado.
22. Reformar el Sistema de Financiación Autonómica con el fin de que la Comunidad Valenciana reciba más recursos.
23. Elevar la inversión en infraestructuras en la Comunidad Valenciana.
24. Ampliar el Puerto de Valencia y garantizar la gratuidad de la AP-7.
25. Completar la transferencia de competencias que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias y elevar la financiación que reciben las islas.
26. Defender los intereses de Canarias como región ultraperiférica mediante la consecución de mayores fondos y ayudas comunitarias, así como la concesión de más subvenciones estatales al transporte, el turismo y la lucha contra el cambio climático.
27. Restringir los plásticos de uso único.
28. Completar la transferencia de las competencias pendientes que establece el Estatuto de Autonomía de Galicia y comprometerse a que cualquier modificación en la estructura territorial del Estado garantizará a Galicia el mismo estatus que País Vasco y Cataluña.
29. Fomentar el uso del gallego en la Administración y en medios de comunicación.
30. Incrementar la inversión en infraestructuras en Galicia, así como las ayudas y subvenciones destinadas a su industria.
Esquerra no tiene ningún interés en la gobernabilidad del país, pero para ganar la hegemonía nacionalista desea un triple tripartito de izquierdas en Barcelona, Cataluña y España.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de los más numerosos de la democracia, aparenta una unidad que asegure su equilibrio, pero convertir en Gobierno una moción de censura negativa sin programa no es la mejor hoja de ruta.
