Justino Sinova | 21 de mayo de 2019
Delito de organización criminal es la grave acusación de la Fiscalía a quienes secuestraron la televisión y la radio públicas de Cataluña.
Los periodistas deberíamos encontrar la fórmula de distinguir el trabajo periodístico de algunas servidumbres. No es lo mismo componer una noticia veraz que construir una fábula sin detalles reales o con datos supuestos, no es lo mismo un servicio a la necesidad informativa del público que un servicio a unos políticos o a sí mismo. Aquí llamamos periodistas a Lerroux, que usaba sus periódicos para su obstinación política, a Hemingway, cuyas crónicas de la guerra española eran relatos subyugantes pero sin relación demostrable con los hechos (“pensaba que mentir formaba parte de su educación como escritor”, nos dice Paul Johnson) o a Kapuscinski, que aprovechaba sus viajes de enviado especial para remitir informes al Partido Comunista polaco (pregúntenle a Arthur Domoslawski). Los tres eran escritores, excelsos los dos últimos, pero no deberían ser llamados periodistas desde una perspectiva adecuada del deber informativo.
Vicent Sanchis, director de TV3, y Saül Gordillo, director de Catalunya Radio, pusieron estos medios al servicio de los secesionistas desde mucho antes del golpe y después del golpe
Cuando le pidieron a Azorín, aquel escritor de periódicos que llenó dos tercios del siglo XX, creador de un personalísimo estilo hoy olvidado, que definiera lo que es un periodista, se despachó con esta reflexión: “¿Qué es un político? Pues un hombre que con rapidez se da cuenta de un cambio en el ambiente de una nación y se adapta al nuevo ambiente. ¿Qué es un periodista? Pues lo mismo que un político: un hombre que con rapidez se da cuenta de un cambio en el ambiente de una nación y se adapta al nuevo ambiente”. Azorín tuvo devaneos anarquistas hasta que se sentó en el Parlamento entre los conservadores y sin duda pensaba en sí mismo al responder.
Eso tampoco es ser periodista. La batalla hoy está perdida y no sé si alguna vez se volverán las tornas. Todos los medios han informado de la dura acusación del fiscal contra los responsables de la televisión y la radio públicas de Cataluña, a quienes atribuye un delito de organización criminal por los sucesos del 1-O, el golpe independentista contra la organización del Estado. Vicent Sanchis, director de TV3, y Saül Gordillo, director de Catalunya Radio, pusieron estos medios al servicio de los secesionistas desde mucho antes del golpe y después del golpe al emplearlos como instrumentos de agitación y adoctrinamiento. Ambos se definen como periodistas y así los describen sus biografías, pero su trabajo poco o nada tuvo que ver con la tarea periodística al consistir en un ajetreo propagandístico al servicio de los políticos que declararon la independencia de Cataluña contra la ley que juraron cumplir y hacer cumplir.
Los responsables de la TV y la radio públicas catalanas también tienen la obligación de poner esos medios al servicio de los ciudadanos como vehículos sustentados por la Administración pública española, con sede en Cataluña, y el incumplimiento de sus obligaciones, desviadas hacia la más grosera ilegalidad del golpe, es lo que ha llevado al fiscal a precisar como delitos de organización criminal, una acusación sumamente grave, el abuso realizado con aprovechamiento de su situación de privilegio en ese espacio administrativo. El fiscal acusa por lo mismo a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Nuria Llorach, psicóloga, a la que nadie llama periodista, pero en la que el fiscal descubre similar responsabilidad que en sus dos mandos a ella supeditados.
Este episodio se resume en tres evidencias.
Es evidente que los titulados periodistas no cometieron ilegalidades por el ejercicio periodístico sino por una actuación política al servicio del golpismo; fueron periodistas metidos a políticos, aunque sería mejor considerarlos políticos metidos a periodistas… que no actuaron como debería hacerlo un periodista consciente de su deber de servicio a la verdad.
Es evidente que su responsable sometió la CCMA a las intenciones ilegales de los golpistas y con ello se la arrebató a la mayoría no independentista que habita en Cataluña.
Es evidente que el problema del abuso en la gestión de los medios públicos de comunicación era realmente grave cuando se daba la voz de alarma desde tantos frentes y que la intervención política coordinada del Gobierno de Mariano Rajoy, el PSOE de Pedro Sánchez y el partido Ciudadanos de Albert Rivera fue timorata e insuficiente.
Ahora actúa la justicia, que siempre llega, y empieza a poner las cosas en su sitio. Se demostrará que la enorme y continuada transgresión no la produjo el periodismo sino la política. Y que consistió en el secuestro burdo de un derecho ciudadano: el derecho a la verdad.
Una ERC en la que prevalecen la deslealtad, la chulería y el insulto veta el nombramiento de Miquel Iceta como senador.
