Luis Núñez Ladevéze | 25 de junio de 2020
Los de arriba, es decir, el ministro Castells y sus compañeros de Gobierno hacen tanto para impedir que se les aplique la ley en igualdad de condiciones con el resto de los españoles que resulta preocupante.
Estoy de acuerdo con un párrafo de Manuel Castells que leo entresacado en La Vanguardia. Corresponde a un artículo en el que el ministro comenta la situación de rebeldía de los defensores, entre los que me encuentro de grado y convicción, de la igualdad racial en Estados Unidos, aunque este mismo criterio estoy dispuesto a aplicarlo a los actuales defensores de la igualdad entre sexos en España. «Cuando no se respeta la ley desde arriba, tampoco hay razón para respetarla desde abajo», ha escrito, pensando en Donald Trump, sin duda, en lugar de pensar en sí mismo, que hoy ocupa un lugar de arriba por estar en el Gobierno, aunque también estuvo siempre arriba en California, cuyo hogar, mutatis mutandis, puede rivalizar con la residencia de Galapagar.
Estoy de acuerdo, porque entiendo que la razón de la ley hay que respetarla siempre que fortalezca la igualdad jurídica. Para eso es imprescindible que la administración de justicia sea independiente de los de arriba que ahora ejercen el Poder Ejecutivo. El respeto a la ley lo marca la independencia judicial, aplicando la ley por igual a unos y a otros. Cuando esto ocurre, el abuso por arriba no justifica la falta de respeto por abajo, justifica que la justicia aplique la ley para frenar el abuso tanto por arriba como por abajo. Pero esto no solo no lo confirma Castells en su artículo. Lo que confirma es que habla como si representara a los de abajo, tras haber conseguido colocarse en la cúspide más alta para hablar desde arriba.
No hay en España una situación de violencia y crispación análoga a la revuelta en Estados Unidos, aunque todo podría llegar a ser si los abusos del poder por arriba continúan inmunes mucho tiempo. Los de arriba, es decir, Castells y sus compañeros de Gobierno hacen tanto para impedir que se les aplique la ley en igualdad de condiciones que al resto de los españoles que resulta preocupante. Los que están ahora arriba pugnan por no respetar la ley como si estuvieran abajo, y fueran otros los que estuvieran arriba.
El interés mostrado por el vicepresidente del Gobierno y el ministro del Interior por atornillar la independencia judicial son la prueba de esta falta de respeto por arriba. La falta aumenta cuando los integrantes del equipo gubernamental no acuden a desautorizarlos, sino a encubrirlos. Aunque la ley que, en este caso, es un brazo desarmado, no es el ejército, sino la justicia, sigue su rumbo lento pero inexorable, lo amenazador es que Castells y sus congéneres no la respeten porque, estando arriba, se atribuyan razones como si habitaran en el piso de abajo.
Para mostrar con claridad su respeto por la ley deberían reprobar que, no solo el vicepresidente y el ministro de interior, también sus socios sentados en el Parlamento y el independentismo gobernante en Cataluña no la infringieran. En estos días, los de abajo somos todos los semovientes del coronavirus, sometidos a la dictadura del estado de alarma impuesta por arriba. Si a un ministro como Fernando Grande-Marlaska se le pilla con el carrito del helado y hace firmar a la directora general de la Guarida Civil un papelito inmotivado para castigar a un coronel por su afición a cumplir reglas legales, entonces tenemos un problema que debería acabar con la destitución de la directora y la dimisión del ministro, que están arriba. Sería la muestra de que la ley se cumple siempre para que se respete abajo. Si a un vicepresidente se le devuelve la moneda de los escraches que promovió para hacer cumplir la ley por arriba defendiendo a los de los de abajo, según decía, ahora que está arriba no se entiende que acuda a la Guardia Civil para impedir que se le aplique la medicina que antes recetó.
A la ministra de Igualdad también se la ha pillado con el carrito de hamburguesas en sus comentarios privados sobre las previsiones de las manifestaciones del 8 de marzo. Es igual, como asegura la SER, siempre presta a auxiliar a los de arriba, que se trate o no de un documento fidedigno; lo que sabemos es que se trata de un comentario fidedigno que muestra, al menos, que no se cumplieron las recomendaciones de la OMS, como el sentido común comprendió desde hacía días. Que las manifestaciones iban a ser un foco de contagio nadie puede dudarlo. Muchas y muchos potenciales manifestantes dejaron de acudir, aunque las de arriba no se atrevieran a anunciarlo en público. Aun así, ministra dixit, muchas, o muchos, precavidos se abstuvieron de asistir por temor a ser contaminados, por lo que el número de manifestantes deslució con relación a los de años precedentes.
Si hubo o no negligencia culpable es cuestión que ha de encarrilarse por los cauces independientes de la justicia. No voy a entrar en ello, porque la justicia tiene su propia palabra y la mía no es adecuada. Pero sí voy a entrar en la incapacidad para el reconocimiento que muestra la insensatez del presidente del Gobierno. Las manifestaciones pueden o no tener causalidad, desde el punto de vista penal, con la difusión de la pandemia. Esto es discutible. Lo que no es discutible es que un presidente del Gobierno no puede salir a deshora, para minimizar la presión o las críticas, celebrando el «viva el 8 de marzo» o para decir que «salimos más fuertes de la crisis» que antes de entrar en ella. Que Dios nos pille confesados. Los de arriba están dispuestos a todo para aplastar a los de abajo, si hace falta recontando el número de muertos hasta que cumplan con las estadísticas que interesan a los de arriba.
El problema de las estatuas derribadas es el de una vida convertida en mármol. La verdad se transformó en decorado de un espacio público sin personajes y la política, en un teatro abandonado.
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