Juan Milián Querol | 25 de noviembre de 2020
No habrá candidatura única del constitucionalismo en Cataluña. Inés Arrimadas, como en 2017, cierra la puerta al pacto y ataca al PP, partido que les permitió una representación en el País Vasco.
Inés Arrimadas vuelve a cerrar la puerta a una candidatura constitucionalista en las elecciones catalanas. Ya lo hizo en 2017, cuando era más necesaria que nunca. La coordinación entre partidos constitucionalistas fue entonces efímera y se limitó a los momentos de máxima desesperación: cuando se inició el golpe en los plenos del Parlament de aquellos 6 y 7 de septiembre y cuando se culminó con la declaración de independencia pocas semanas después. En aquellas sesiones plenarias, en las que el nacionalismo mostró su auténtico rostro autoritario pisoteando sin escrúpulos los derechos de la oposición, los partidos constitucionalistas actuaron coordinados en defensa de la democracia liberal y con un espíritu de fraternidad inédito. En medio de tanto bochorno, surgió una esperanza en forma de épico filibusterismo que ponía de relieve la auténtica naturaleza del reto al que nos enfrentábamos.
La ley de transitoriedad jurídica del secesionismo era el anuncio de un régimen que rompía con todos los estándares democráticos de la Europa del siglo XXI. Nos devolvía a tiempos pasados, cuando no existía separación de poderes y mandaban caudillos con total arbitrariedad.
El constitucionalismo volvería a unirse para aprobar la aplicación del artículo 155 en el Senado y poner fin a esa etapa de un proceso secesionista que «solo» había logrado expulsar a miles de empresas, desprestigiar las instituciones y partir la sociedad en dos mitades resentidas. El aspirante a autócrata, Carles Puigdemont, huiría escondido en la parte trasera de un Skoda y todos los partidos catalanes se prepararían para unas elecciones prenavideñas convocadas por el presidente del Gobierno de España. Pronto surgieron sensatas voces a favor de una candidatura única del constitucionalismo, una respuesta simétrica a aquella coalición entre Convergència y Esquerra Republicana que, bajo el nombre de Junts pel Sí, no alcanzó los resultados previstos.
De hecho, la suma de siglas les hizo perder diputados, pasando de 71 a 62. Así, en las elecciones de 2015, la coalición separatista, que se había inventado un plebiscito sobre la independencia, tuvo que inventarse también que lo había ganado. Los pocos que reconocieron la realidad fueron purgados.
El PSC ya ha firmado un nuevo Pacto del Tinell con Esquerra, que es la prolongación de los acuerdos del PSOE con Bildu en Navarra y en los presupuestos generales del Estado. Exigir al Partido Popular que se sacrifique en el altar de este socialismo es, como mínimo, poco realista
El fracaso de aquella fórmula estaría en la mente de los estrategas de Ciudadanos. Antes de las de 2017, una crónica de El Español exponía los motivos de la negativa de Arrimadas a la alianza constitucionalista: «Desde la formación naranja alegan que una única candidatura de los tres partidos provocaría una fuga de votos. Ellos entienden que hay socialistas que nunca votarían a Xavier García Albiol o votantes del PP que no aceptarían al líder del PSC, Miquel Iceta». Este era un diagnóstico partidista, pero no desafortunado. Tenía una base realista que debería ser analizada si lo que se pretende es lograr una mayoría parlamentaria que permita desalojar, por primera vez en cuatro décadas, al nacionalismo de la Generalitat e iniciar, de este modo, la refundación democrática de una institución que hoy es hostil a la mayoría de los catalanes.
En los últimos meses, con un PSC más alejado del constitucionalismo y subordinado a Esquerra Republicana, Ciudadanos defendía públicamente una coalición que uniera a socialistas y populares, desdiciéndose de sus anteriores argumentaciones. Extraño. Pedir al Partido Popular que comparta programa con el sanchismo es como aquello de nombrar una comisión para resolver un problema. Los de Miquel Iceta ya han firmado un nuevo Pacto del Tinell con Esquerra, que es la prolongación de los acuerdos del PSOE con Bildu en Navarra y en los presupuestos generales del Estado. Exigir al Partido Popular que se sacrifique en el altar de este socialismo es, como mínimo, poco realista.
A Pedro Sánchez lo apoyan aquellos que destruyeron la convivencia y que van a Madrid «a tumbar el régimen», es decir, a acabar con la democracia. Diluirse en ese magma no es una buena idea, y menos en un escenario pandémico donde los proyectos políticos no pueden pivotar sobre un único punto. Estos deben ofrecer sus mejores recetas para superar la crisis múltiple que nos azota inmisericordemente. Y, en este sentido, la del populismo socialista poco tiene que ver con la liberal conservadora.
En todo caso, el líder del PPC, Alejandro Fernández, siempre se ha mostrado proclive a la colaboración, simplemente había que encontrar la mejor fórmula para los intereses del constitucionalismo. Sumar siglas no siempre suma votos, argüía Ciudadanos en 2017. Una reflexión que debería analizarse en profundidad. Hoy Arrimadas vuelve a cerrar la puerta a un pacto constitucionalista, pero no lo hace basándose en un estudio serio sobre la realidad socioelectoral catalana. Lo hace atacando a un Partido Popular que fue muy generoso con ellos en el País Vasco, permitiéndoles una representación que no hubieran obtenido por separado.
Quizá, en su enésimo cambio estratégico, ahora toque apoyar a Sánchez, aunque este pacte la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Por otra parte, tampoco se entiende que dedique frases ingeniosas a despreciar los resultados de los populares en Cataluña, ya que, en las últimas elecciones celebradas en esta comunidad, las generales del 10 de noviembre de 2019, el PP obtuvo 70.000 votos más que los naranjas.
Aún no sabemos si se van a celebrar elecciones catalanas el próximo 14 de febrero, pero sí sabemos que esta situación es insostenible. Los partidos que gobiernan la Generalitat están en abierta guerra civil. Los desplantes, las filtraciones y las traiciones son el pan de cada día, incluso en las sesiones de control parlamentarias y a la vista de toda la ciudadanía. Llevamos demasiado tiempo en precampaña electoral, desde que el actual transeúnte Joaquim Torra anunciara unas elecciones que nunca convocó. Las rencillas entre socios han facilitado, pues, que Cataluña haya protagonizado la peor gestión autonómica de la pandemia en el Estado que peor la ha gestionado de Europa. Tiene mérito. El récord de negligencias del consejero de Trabajo y Asuntos Sociales es histórico, desde la atrocidad de las residencias hasta el caos de las ayudas a los autónomos. Así pues, los catalanes votaremos con innumerables preocupaciones en la cabeza.
El cansino «procesismo» ya no será una opción para miles de catalanes que han visto derrochar sus energías durante años en una gran y subvencionada mentira. Los partidos constitucionalistas tendrán, de este modo, la oportunidad de llegar a más catalanes que nunca si presentan a sus mejores candidatos con sus mejores proyectos y dejan los partidismos cortoplacistas para los independentistas. Sin coalición, la colaboración sigue siendo necesaria.
