Juan Milián Querol | 26 de mayo de 2021
Ni en el informe España 2050 la izquierda se ha planteado la única vía para medio solucionar el problema secesionista: un Govern de la Generalitat constitucionalista. Los indultos serán recompensas para quienes no han mostrado la más mínima contrición respecto al daño que causaron en Cataluña.
El Gobierno de Pedro Sánchez es más de propaganda que de gestión, es más de pirotecnia que de sentido de Estado. Ha protagonizado la peor gestión de la pandemia en Occidente y su estrategia -como demostró recientemente en la campaña electoral madrileña- tira más hacia el guerracivilismo frío que hacia los grandes pactos y la búsqueda de consensos. Por esta razón, uno se acerca a su informe España 2050 sin ninguna esperanza y no se sorprende al comprobar que no atiende a la raíz de algunos de los principales retos a los que se enfrenta nuestro país. Pocas cuestiones tan importantes como la de la natalidad. Es un reto redundantemente vital en Europa, especialmente de España.
Pero, como denuncia el economista Toni Timoner, no hay ni una sola propuesta para mejorar nuestra maltrecha tasa de fecundidad. Quizá, para la nueva izquierda, la de las guerras culturales, este sea un debate que deba ser cancelado, pero harían bien los presanchistas en preocuparse, porque la demografía está en la base del Estado de bienestar. La miopía del Gobierno puede conducirnos al futuro menos deseable. Algunos fenómenos que ya estallaron en la crisis económica y financiera de 2008 podrían agravarse en el futuro si no son atendidos. Más allá de la desigualdad, la ansiedad económica podría acarrear problemas políticos graves y meternos en un círculo vicioso con difícil escapatoria. Si el plan es sustituir la natalidad por inmigración, también crecerá la inseguridad cultural y, por lo tanto, el auge de reacciones nacionalpopulistas. Una vuelta más en el círculo vicioso.
España ya sufre algunas de estas tentaciones identitarias, aunque es lógico que no aparezcan entre los potenciales peligros de la España 2050, ya que los protagonistas son los propios socios de Pedro Sánchez. Nada hay en el informe sobre las tensiones independentistas. Quizá crean los expertos gubernamentales que a partir de los indultos estivales en Cataluña reinará la convivencia, y el separatismo abrazará la Constitución española. Nada más lejos de la realidad. Pere Aragonès ya tiene el título de presidente de la Generalitat, gracias a la CUP y a Waterloo, y será el fugado quien controle, desde su mansión, la mayor parte del presupuesto. Sánchez, como si nada hubiera ocurrido en los últimos años, dejará hacer a los independentistas en Cataluña a cambio de votos en el Congreso. Es un laissez-faire irresponsable, pero también proactivo, ya que indultará a los culpables del golpe a la democracia.
La brújula moral del sanchismo siempre está marcando el camino al precipicio. Los indultos serán recompensas para quienes no han mostrado la más mínima contrición respecto al daño que causaron a las instituciones, a la economía y a la convivencia en Cataluña. El ministro de Justicia exige, impasible, que veamos con «naturalidad» este premio a quienes prometen reincidir. Los informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía no son vinculantes, pero el Consejo de Ministros deberá motivar su decisión. El de la Fiscalía, oliéndose lo que se cocía, advertía sobre los indultos: «No se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales».
Los indultos tienen el aval de un Aragonès que promete estar mareando la perdiz un par de años. Están cogiendo fuerza para volver al ataque en el 2013, año en el que el PSOE y su esfera mediática esperan haber «naturalizado» plenamente los indultos a quienes atenten gravemente contra la Constitución y la unidad de España. No son pocos los consellers que tienen un perfil para un futuro indulto. Sin ir más lejos, el vicepresidente Jordi Puigneró es uno de los más insignes conspiranoicos y terraplanistas del mundo posconvergente. Es de aquellos que cree que todo personaje histórico relevante fue catalán y posee una hemeroteca de tuits contra los españoles que sintetizan a la perfección el pensamiento -por decir algo- del supremacista Quim Torra.
El Gobierno ha utilizado el indulto más de lo debido y los indultos políticos deben acabar en nuestro país @sanchezcastejon
— PSOE (@PSOE) August 29, 2014
En todo caso, ni en el informe España 2050, ni en ninguna otra parte, la izquierda española se ha planteado la única vía para medio solucionar el problema secesionista: un Govern de la Generalitat constitucionalista. El debate público respecto a Cataluña suele pivotar sobre cómo tratar a los partidos nacionalistas. Sin embargo, nunca se plantea un cambio metodológico, en el que el nacionalismo pase a un segundo plano, y nos centremos en cómo mejorar y fortalecer el constitucionalismo en aquellas regiones con mayor tendencia nacionalista. Mientras en la ecuación solo aparezcan los partidos nacionalistas, la solución continuará siendo una incógnita. La presencia del Estado seguirá menguando hasta la extinción. El sentimiento de abandono seguirá forzando a no pocos a adaptarse o a huir.
Así, los indultos serán una muestra más de la pinza que asfixia al constitucionalismo catalán, una pinza formada por una Generalitat hostil y un Estado ausente. No hace tantos años el PSOE tuiteaba que «los indultos políticos deben acabar en nuestro país». Quizá querían escribir: «Los indultos políticos deben acabar con nuestro país». A este paso, en 2050 solo tendremos un futuro indeseable, con más indultados que niños.
ERC y Junts per Catalunya gobernarán en coalición: los de Puigdemont lucirán el suministro de vacunas y se encargarán del reparto de los fondos europeos. Sin embargo, a los de Aragonès les tocará la consejería que más desprecia el nacionalismo, la de Interior. Un Gobierno inestable pero no barato.
Pedro Sánchez se queda con una carta, la de los fondos europeos, para jugarse lo que queda de legislatura después de una debacle en Madrid, de la que no se da por enterado.
