Belén Becerril | 26 de julio de 2021
Sin respeto a la ley y a la independencia del poder judicial la democracia y los derechos fundamentales quedan en papel mojado. La mayoría no lo puede todo.
Una y otra vez, en los últimos años, las instituciones europeas se han visto obligadas a alzar su voz en defensa del Estado de derecho. Ha sido preciso recordar que, más allá de un mercado interior, la Unión Europea es un espacio basado en unos valores compartidos: la democracia, los derechos fundamentales y también el Estado de derecho. Un principio que garantiza que los poderes públicos actúan dentro de la ley y bajo el control de tribunales independientes.
De estos valores comunes, el Estado de derecho es quizás el más amenazado por los vientos de populismo que en nuestros días se dejan sentir, también, en Europa. Para los líderes populistas, que tienden a considerarse los únicos representantes legítimos del pueblo, nada hay por encima de la voluntad popular. Por eso, cuestionan los límites al poder propios de constitucionalismo liberal y entienden que la mayoría lo puede todo.
Durante los últimos años, la atención de las instituciones europeas se ha dirigido a Hungría y, sobre todo, a Polonia. Desde la llegada al poder del partido Ley y Justicia en 2015 el gobierno polaco emprendió un verdadero asalto, en dos actos, a la independencia del poder judicial.
El primer acto afectó al Tribunal Constitucional. Entre otras medidas, el gobierno se negó a publicar y ejecutar sus sentencias y promovió el nombramiento de jueces sin un fundamento jurídico válido. En un segundo acto, promovió medidas relativas al Tribunal Supremo, a los tribunales ordinarios y al Consejo del Poder Judicial. Unas medidas cuyo efecto combinado socavaba gravemente su independencia. Valga como ejemplo la drástica reducción de la edad de jubilación de los jueces o el nuevo procedimiento de recurso extraordinario que permitía nada menos que cuestionar sentencias definitivas dictadas años atrás.
En España, desde una cómoda distancia, los partidos veían a las instituciones europeas alzar la voz ante la captura del poder judicial polaco. Tan sólo desde Vox, algunas voces defendían al partido Ley y Justicia, que forma parte del mismo grupo político en el Parlamento Europeo. Al hacerlo, pasaban por alto que en octubre de 2017 el independentismo catalán había puesto en jaque el mismo principio del Estado de derecho en virtud del cual los poderes públicos deben actuar dentro de la ley. Algo que la Comisión Europea, en voz del comisario Frans Timmermans, había denunciado vigorosamente.
Algunos hechos más recientes han vuelto a poner a otros partidos políticos españoles ante sus propias contradicciones. La propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial que plantearon el pasado otoño Unidas Podemos y el PSOE resultaba muy similar a la promovida por el gobierno polaco, que también preveía la posibilidad de elegir a los miembros de la institución de gobierno de los jueces por mayoría simple en segunda vuelta.
Esta similitud no pasó inadvertida en Polonia, cuyo gobierno se apresuró a plantear si la Comisión también tomaría medidas respecto a la propuesta planteada en España. Es probable que, si el gobierno no hubiese anunciado que renunciaba por el momento a seguir con su plan, la Comisión hubiese tenido que tomar medidas para evitar las acusaciones de doble rasero que no se hubieran hecho esperar. La situación en España no es comparable, en modo alguno, a la de Polonia. Pero el paso que entonces se planteó, y que por fortuna la intervención europea atajó, avanzaba en la misma dirección.
Afrontamos tiempos difíciles para el Estado de derecho. La Unión Europea, que en otro tiempo hubiese considerado la organización del poder judicial una cuestión reservada a los Estados miembros, se ha visto obligada a reaccionar mediante una audaz jurisprudencia del Tribunal de Justicia y mediante la reciente creación de un mecanismo que condiciona los fondos europeos al respeto al Estado de derecho. Veremos si los nuevos instrumentos están a la altura del desafío.
Mientras, los ciudadanos haríamos bien en tener presente lo que está en juego y exigir a los partidos políticos que afronten sus propias contradicciones y afirmen su compromiso con este principio que constituye la columna vertebral de las democracias modernas. Sin respeto a la ley y a la independencia del poder judicial la democracia y los derechos fundamentales quedan en papel mojado. La mayoría no lo puede todo. El Estado de derecho no obliga solamente a los demás.
Nuestros actuales dirigentes políticos nos están conduciendo a esa situación de (mala) cabeza, cuesta abajo y sin (casi) frenos internos, suyos y de la sociedad española, por acción o dejación dolosa.
La idea liberal de libertad es solo una de las posibles, aunque probablemente la menos mala de todas. En buena medida, porque es compatible con visiones de la sociedad más individualistas o más comunitaristas.
