Armando Zerolo | 27 de junio de 2019
Malas políticas que provocan desigualdad, talentos que no tienen cabida en nuestro país y falta de calidad educativa. Así es la enseñanza en España.
La crisis ha generado un horizonte de incertidumbre que sigue muy vivo y muchos verían bien un Estado solvente que dé garantías a largo plazo. Muchos, aunque no todos, pueden entender que en un marco de competencia global, una Europa unida, y una España fuerte, es mucho mejor que la cantonalización territorial y administrativa. ¿Cuál es el problema entonces? Que la percepción de que tenemos una Administración ineficiente y cara está muy extendida. Preocupa más la corrupción y el derroche que la presión fiscal.
El gasto que genera la multiplicación de instituciones, el desarrollo de las Administraciones autonómicas, provinciales y locales se percibe como un despilfarro y como la ocasión para una corrupción renovada y más sofisticada. Desde el “España nos roba” hasta la idea de acabar con las autonomías existe un amplio espectro de opiniones que convergen en una realidad: la Administración del Estado es un mecanismo enorme que genera más problemas que soluciones. Es normal, pues, entender la exigencia de que la Administración sea un órgano de gestión común, eficiente, eficaz y ágil.
No es razonable pensar en un proyecto común para el país que pase por la propuesta de desmontar al Estado. Esto solo puede ser defendido por partidos minoritarios que aspiren más a la propia supervivencia que a la necesidad real de ayudar a la construcción de un proyecto aglutinador. La realidad de España es que seguimos siendo una cultura muy clientelar que espera del Estado soluciones concretas al nivel de vida y al problema de la desigualdad. En la mayoría de las encuestas sigue apareciendo, muy por encima de las cortinas de humo (feminismo o Franco), la preocupación por los servicios públicos. Pero también se manifiesta en que funciones capitales como la educación, la salud o las pensiones están abandonadas a los intereses partidistas, lo cual genera un gran descontento y una desconfianza hacia la política.
Guste o no, los servicios de educación, salud y pensiones siguen teniendo una función vertebradora de la sociedad española y sería temerario cuestionarlo a nivel práctico. Para que esto no suceda, y para evitar que queden en manos de intereses electoralistas, deberían ser objeto de un gran pacto de Estado.
Hay que saber distinguir entre el malestar que genera la mala gestión de estos servicios y el deseo de privatizarlos. Aunque para muchos sea deseable que el Estado sea mínimo y se ocupe de otros temas, el hecho es que la forma política sobre la que construimos un proyecto común se asienta sobre un Estado que garantice estos servicios de una manera eficiente. Por tanto, lo que habría que afrontar ahora no es la enmienda a la totalidad del sistema, sino garantizar una mayor eficiencia.
Hay una amplia percepción de que algo hay que hacer con la educación y que, no obstante, cada Gobierno aprovecha su mandato para imponer su propia ley
En este sentido, la educación merece una atención especial por diferentes razones. La primera es que la educación en España, en menos de cien años, ha conseguido una mayor igualdad social y el nacimiento de una amplia clase media, que es la condición necesaria para un proyecto común y estable. La segunda, y al mismo nivel de importancia, es que la educación ayuda a fortalecer una identidad común.
¿Qué está sucediendo entonces? ¿Por qué se habla una y otra vez del modelo finlandés como un mantra que cae sobre nosotros como un juicio divino? Porque se percibe que los profesores no cobran bien, que ningún talento verdadero, a no ser que sea muy vocacional, se dedicaría a la enseñanza, porque no hay medios suficientes, porque las aulas están hacinadas, porque la información es deficiente, etc.
El hecho es que hay una amplia percepción de que algo hay que hacer con la educación y que, no obstante, cada Gobierno aprovecha su mandato para imponer su propia ley. Casi nadie sería ya capaz de enumerar las siglas de todas las leyes que han sucedido a la EGB. Hay un clamor por la estabilidad legislativa en educación, por un modelo común que no esté a merced de los intereses partidistas. La mayoría entiende que esta es una cuestión muy sensible en la que se juega mucho nuestro país, de cara al futuro y hacia nuestros hijos.
"La educación pública ha de ser el eje vertebrador del sistema educativo porque, si constitucionalmente la persona tiene derecho a ser educada, el poder público debe garantizar este derecho ¿Qué amenaza supone esto para la escuela concertada? Ninguna", dice @CelaaIsabel
— Ministerio de Educación y Formación Profesional (@educaciongob) September 4, 2018
Se empieza a observar el hecho de que en materia de educación cada vez hay más desigualdad, que no es lo mismo ir a un buen centro que a uno malo. Se ve con resentimiento que los políticos que defienden la educación estatal lleven a sus hijos a colegios privados, y se siente que la calidad de la educación depende demasiado del poder adquisitivo de las familias. La percepción de que la calidad educativa que ofrece el Estado es cada vez menor, que las malas políticas están provocando una desigualdad acentuada y que los talentos no tienen cabida en nuestro país es cada vez más general.
La educación construye la vida en común y es una herramienta necesaria para la formación de una amplia clase media. Merece la máxima atención y un gesto de lealtad entre los partidos políticos. El primero que se atreva a dar un paso en este sentido dominará su espectro electoral.
Los gestos y las palabras de los padres pueden alterar el desarrollo social, afectivo y emocional de los hijos.
La resolución de la Mesa del Congreso sobre los cuatro diputados independentistas presos parece poner en cuestión la decisión del Supremo.
