Daniel Berzosa | 27 de noviembre de 2019
Ante la magnitud de los hechos probados en el caso de los ERE, sin parangón en la historia de España, la excusa de los condenados es insostenible y letal para la democracia.
Tres años antes de que se iniciara la trama de subvenciones ilegales organizada desde la Junta de Andalucía (2000-2009), el profesor Jean Cartier-Bresson escribía un extenso artículo sobre la «Corrupción institucionalizada y el neocorporativismo, con ejemplos del caso francés», en la revista Nueva Sociedad. No se trata esta de una publicación cualquiera; pertenece a la Fundación Friedrich Ebert, una institución creada en 1925 como legado político del primer presidente socialdemócrata alemán.
La tesis del artículo citado es que «la corrupción se convierte en un problema real a partir del momento en que abandona el terreno de la transacción puntual y no organizada de actores puramente oportunistas, para pasar a los mecanismos regulares y organizados de actores desculpabilizados». Dicho de forma sencilla, según este autor, si la corrupción es de poca monta y se hace puntualmente, tiene un pase —y hasta se puede, y acaso se debe, aceptar o soportar sin necesidad de aspavientos—; pero, si se hace de forma organizada y continuada, no solo está mal sino que socava mortalmente la democracia.
Y ello, según Cartier-Bresson; porque, cuando se instala la corrupción como forma institucionalizada de intercambio social, cuya forma de protección más eficaz es precisamente la «redistribución “clientelista”», el régimen que instaura de «creación de riqueza en la ilegalidad» genera estos efectos negativos y perjudiciales para la vida moral, política, económica y social de la comunidad ciudadana: (i) «malestar y apatía de la colectividad»; (ii) «cuestionamiento de la democracia y avance del populismo o la extrema derecha» (sic); (iii) «despilfarro de los fondos públicos y desarrollo de rentas parasitarias» y (iv) «desigualdad en el tratamiento de los actores».
Pues bien, los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, «apreciando en conciencia la prueba practicada», han declarado «expresamente probados los siguientes hechos» en la sentencia de la ‘pieza política’ del caso de los ERE; esto es, que durante diez años los Gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía urdieron, establecieron y ejecutaron esa clase de perniciosa corrupción institucionalizada, dado que:
1.- «Esta operativa contable, tanto financiera como presupuestaria, se inició en el año 2000 y se prolongó hasta el año 2009″.
2.- «Ello propició que las subvenciones sociolaborales fueran concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que favoreció un descontrol absoluto«.
3.- «No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas… durante el periodo enjuiciado, desde el año 2000 al 2010″.
4.- «Año tras año se introdujeron en el presupuesto de IFA-IDEA gastos ficticios que nunca se iban a producir».
5.- «El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo, y no poderse fiscalizar en vía de Control Financiero del IFA-IDEA, más que el pago, pues al no ser dicha entidad la concedente de la subvención, no obraba en poder de la misma dicho expediente. Y la conclusión no puede ser otra, que ese fue el efecto buscado con el uso de las transferencias de financiación».
6.- «Ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos».
7.- Concurrencia de ‘pagos cruzados’ para evitar el control: «Los fondos enviados a la aseguradora para el pago de una póliza anterior se utilizaban para la apertura o el pago de otra póliza distinta, de una empresa diferente».
8.- «El beneficiario real era la empresa y no los trabajadores».
9.- Se permitió que «se prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y pago de las subvenciones. Así como que los fondos se pudieran destinar a fines ajenos al interés público».
10.- Y se «permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado».
Ante unos hechos probados de tal contundencia y magnitud económica (680 millones de euros), sin parangón en todas las corrupciones y fraudes de la historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, franquista y democrática de España conocidos hasta el presente, la manifestación por parte de los amigos, correligionarios y medios afines a los condenados de esgrimir como excusa que algunos de los condenados no se han quedado con un céntimo de euro de las ayudas malversadas (lo que en unos casos parece ser cierto, pero en muchos otros no; aún quedan 145 piezas separadas y el caso verdaderamente estrella de esta némesis ética de una ‘forma de gobernar’, como se le ha llamado, acaso resida en el referido a los «cursos de formación») es humana y partidistamente comprensible; pero insostenible para el común del pueblo, deletérea para la convivencia cívica y políticamente letal para la democracia.
La corrupción se convierte en un problema real a partir del momento en que abandona el terreno de la transacción puntual y no organizadaJean Cartier-Bresson, profesor
A la tradicional discusión académica entre verdad social (o política) y verdad penal, los juristas no penalistas —no sin cierta malevolencia— extienden esta confrontación de las posibilidades del conocimiento en el ámbito de la calificación de los comportamientos delictivos a que una cosa es la verdad social, otra la verdad jurídica y otra… la verdad penal. Con independencia de lo que decida el Tribunal Supremo respecto de esta última verdad en la ‘pieza política’ del caso de los ERE, conviene recordar lo que decía Hanna Arendt, leyendo a Hugo Grocio, respecto de que el castigo no restaura la justicia; pero que su ausencia abisma a la sociedad a una indignidad peor y, a la postre, insoportable. Tal sería el supuesto de la impunidad o constatación de una justicia para elegidos y otra para los demás.
Es de una ingenuidad mayúscula o de un cinismo marmóreo sorprenderse por la reacción de Podemos y del PSOE, concretada en la procacidad, respectivamente sonora y silente, de sus líderes, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. El primero, centrado en su objetivo principal en este momento, que no es otro que el de entrar «por lo civil o lo criminal» en el Gobierno de la nación, no ha padecido ningún remilgo para publicar de forma inmediata un tuit donde viene a decir que el agua de los ERE no mueve molino y pelillos a la mar, que aquello pertenece al pasado y, por tanto, a la misericordia de Dios. El segundo, atrincherado en su contumaz y autoritaria callada por respuesta, que convierte su tuit de 21 de septiembre de 2016 («Me preocupa el silencio de Rajoy ante los casos de corrupción de su partido. En política, como en la vida, quien calla otorga») en un estruendoso «J’accuse» zoliano contra sí mismo y su partido.
El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones pic.twitter.com/Uhw4X8Jlh7
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 19, 2019
Otra cuestión muy grave en este asunto es despejar toda duda sobre las verdaderas causas por las que se retrasó la notificación de la sentencia hasta pasadas las elecciones a Cortes Generales del 10 de noviembre. Y otra cuestión, cuando menos intrigante e incómoda, es el hecho de que no se haya filtrado nada de esta resolución, a diferencia de otra sentencia trascendental, seguida hasta hace pocos meses en la suprema instancia de la justicia ordinaria, de la que sí tuvimos noticia antes de su comunicación a las partes por aquel alto tribunal.
En 2010 y en la misma revista, Cartier-Bresson citaba de forma expresa a España en su artículo «Dinero y política: la economía política del clientelismo» afirmando que los políticos que se opusieran al clientelismo lo tenían difícil: «La persistencia de la relación clientelista en ciertas democracias…, como España o Polonia, muestra que el compromiso por parte de algunos jugadores para salir del sistema solo es posible si existen los fondos necesarios para ello (en estos casos, la financiación de la Unión Europea), un cambio de cultura política y otras variables que aún no son del todo conocidas, para tener una visión más clara de cómo los políticos que se oponen al clientelismo pueden llegar al poder».
En la Junta de Andalucía, entre 2000 y 2009, ha quedado probado que los miembros del Gobierno socialista no solo no se oponían, sino que no estaban dispuestos a salir del sistema clientelar aprobado, organizado y desarrollado por ellos mismos.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía han negado los hechos que se les imputan en sus respectivas declaraciones judiciales. Aunque todavía es pronto para saberlo, no es descartable que se termine fijando una responsabilidad penal para ellos.
En este mundo de conciencia laxa y egoísmos por doquier, el embuste está instalado en la sociedad y no pasa factura.
