Daniel Berzosa | 28 de enero de 2021
La burla de la ley de transparencia es de lo más grave que puede suceder para una democracia que se tenga por tal. En la mayoría de los casos en España, los poderes públicos responsables han hecho y hacen trampas.
En la base de la democracia constitucional, se encuentra la abolición del secretismo y la opacidad en el ámbito de lo público. El rechazo a lo oculto o misterios del poder. Los «arcana imperii» (la expresión latina acogida por la mayoría de autores, como Maquiavelo, Bacon, Weber, Schmitt, Kantorowicz o Byung-Chul Han), así bautizados por Tácito en sus «Annales» y sus «Historiae», implícitos en Platón, «sophismata» para Aristóteles, «libertatis umbra» para Plinio, «blandimenta imperii» para Justino, «arcana dominationis» para Clapmarius.
El estatuto de ciudadano de una sociedad libre presupone el conocimiento de las cuestiones públicas. Es una «fórmula trascendental» del derecho público (pensamiento racional) frente a los fundamentos de los distintos órdenes políticos de la Antigüedad al Antiguo Régimen. Lo que era común, inherente, lícito hasta entonces es deleznable para ese hito de la indagación occidental sobre la sujeción del individuo al poder máximo de lo comunitario público abstracto-real (Estado). La teoría y práctica políticas que han triunfado en Occidente desde finales del siglo XVIII hasta su presente estertóreo.
Kant lo enuncia en La Paz Perpetua (1795): «Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas, si su máxima no admite publicidad». Y añade: «Este principio debe considerarse no sólo como un principio “ético”, perteneciente a la teoría de la virtud, sino como un principio “jurídico”, relativo al derecho de los hombres». La publicidad es insoslayable para garantizar la libertad y la democracia. No puede haber nada oculto en la actividad pública de quienes desempeñan el poder de todos los ciudadanos en su nombre.
El primer lugar público donde se verifica es el Parlamento. Es la «luz y taquígrafos» de Antonio Maura. En la sociedad, lo auxilian los medios de comunicación. Sus limitaciones y la de los Parlamentos frente a la hipertrofia del poder y sus estructuras, cuya tendencia inmanente es a la opacidad (Weber: «Essays in Economic Sociology»), han llevado —por la buena voluntad o la venta de humo— a la aprobación de leyes de transparencia. El acceso general a la información pública; la rendición de cuentas y del buen gobierno de quienes viven del dinero con que se grava a los ciudadanos en nombre del Estado, y deciden su destino.
Y aquí es donde, en la mayoría de los casos en España, los poderes públicos responsables han hecho y hacen trampas. Desde la propia ley hasta su aplicación. Sea porque, cuando el obligado desoye, aun contumaz y burlescamente, el requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se comprueba que carece de atribuciones para sancionarlo. Como ejemplos elocuentes, claman los casos del comité de expertos y las medidas de la COVID-19, el uso del Falcon y las Marismillas, con este Gobierno, y del Real Colegio de España con los Gobiernos anterior y actual.
Sea por el diseño de ese consejo del que se proclama su independencia; pero se configura como un órgano de un Ministerio del Gobierno. Con lo que lo único cierto que retiene es su pomposa y rimbombante denominación. Y acabamos de comprobar la verdad de este hecho en la línea de un pensamiento tan democrático como «la-fiscalía-depende-del-gobierno-pues-ya-está». Y así, como quien puede lo más puede lo menos, el Gobierno menos transparente de la democracia ha decidido sepultarlo.
La cuestión de la transparencia goza de mucho menos impacto en los medios que otros asuntos políticos, y ciertamente también lo parece en una sociedad anestesiada, hastiada, noqueada, como la española; pero le corresponde un rol de primerísima magnitud en los cimientos, la estructura y la realización del Estado constitucional. Muchas de las cosas que está haciendo y dejando de hacer el Gobierno son criticables o aun rechazables; pero, por incompartibles que sean, siempre lo serán en virtud de una posición ideológica, por lo que cabe el debate político entre los ciudadanos demócratas.
Las decisiones adoptadas sobre la pandemia y el estado de alarma, los decretos‑leyes y otras normas aprobadas a su albur, su prórroga, el derecho confederal de excepción y la cogobernanza, el falso debate sobre monarquía o república (dejando al margen el sarcasmo de que los sátrapas exijan más transparencia a la Corona), la inclusión de un movimiento anticonstitucional en el Gobierno, las componendas con el independentismo, las leyes de educación y eutanasia, etcétera. Todo ello tiene defensores y detractores. Excepto, entre demócratas, claro es, el golpe de Estado secesionista de 2017.
Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas, si su máxima no admite publicidadImmanuel Kant, filósofo
Pero la burla de la ley de transparencia es de lo más grave que puede suceder para una democracia que se tenga por tal. No hay debate posible en este asunto. Ningún demócrata puede defender que se le niegue a la ciudadanía la información que le pertenece; porque hacerlo es defender un régimen totalitario. No conozco a ningún político detractor de la transparencia. ¿Y usted? Es imposible; porque equivaldría a ser un detractor de la democracia y, por mucho que algunos lo sean, reconocerlo abiertamente, al menos, todavía hoy, supondría un suicidio político.
No se trata de exigir una hipertransparencia, como no se trata de hiperexigir nada respecto de ninguna norma vigente, sino, sencillamente, de cumplir su letra y espíritu por todos los obligados. En esta ocasión, se trata de transparencia. Teniendo muy presente que sin esta no hay información, sin esta no hay control y sin este no hay democracia. Que sin transparencia no hay democracia.
La mejor rendición de cuentas de un Gobierno, entre ola y ola del virus, sería cumplir con la transparencia, organizar los datos y abrir la gestión a expertos académicos y no académicos.
El que fuera elegido como «ministro de Cataluña» va a ser utilizado para una campaña electoral solo por haber sido la persona con más horas de televisión y atención mediática en el último año.
