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Si estuviéramos en circunstancias normales y el Gobierno aplicara las normas contra la corrupción que figuran en sus manuales de ética, el delegado del Gobierno de la CAM, José Manuel Franco, y Fernando Simón habrían sido destituidos y la señorita Adriana Lastra, desautorizada. Con independencia de que las investigaciones tengan o no visos de prosperar, se irían por el mero hecho de ser investigados. Pero estamos en una situación tan perversa que el destituido ha sido el coronel Diego Pérez de los Cobos, y el dimitido el teniente general Laurentino Ceña.

La gestión del estado de alarma ha llevado a que los judicialmente sospechosos de haber contribuido a difundir por negligencia la pandemia sigan en sus puestos y los encargados de mantener la seguridad jurídica, en cuya impoluta biografía no es necesario insistir por haberla reconocido el propio ministro, dejen los suyos por cumplir su función. Si la medicina aplicada a Mariano Rajoy por una frase interpolada en una sentencia se aplicara ahora, el Gobierno en bloque dimitiría. Ya sabemos que no va a ocurrir. Más bien al contrario, cuanto más arrecia el viento, más se ajusta el Gobierno el abrigo al cuerpo.

Comenzó a descentrar el eje de rotación para llegar a este mundo al revés cuando Pedro Sánchez llamó aliados a los enemigos del ordenamiento que lo legitima como jefe del Ejecutivo y trató como enemiga irreconciliable a la leal oposición. Desde la declaración del estado de alarma, el rumbo de la excentricidad se ha acelerado para extraviar su paralaje. Ha convertido en norma el desafío continuo al ordenamiento. Entregado al desenfreno para satisfacer el ansia de poder que subordina las decisiones a las condiciones impuestas por sus socios anómalos, el Gobierno se ve forzado a tapar los excesos con nuevos excesos. El desvío de poder lo encubre la incesante campaña propagandística que presenta, como ingrediente de la nueva normalidad, recurrir a la colaboración de los anticonstitucionales.

Ya no es solo el Manual de resistencia lo que hace preocupante la situación. En ninguna parte está escrito que haya obligación de resistir pasándose al bando enemigo. Consecuencia del rumbo emprendido, cuantos más esfuerzos por taparlos, más motivos de descrédito aparecen. Cuantos más motivos, más forzados al juego de camuflar la realidad inconfesable bajo la fabricación de apariencias. Cuantas más prórrogas, más se resiente el ordenamiento democrático. Cuanto más se sofoca el control democrático, más alto el tono del «resistiré» gubernamental. Debilitado por las alianzas, criticado por sus aliados, el menguante respaldo parlamentario del Gobierno, cautivo de exigencias inaceptables derivadas de los pactos inconfesables con sus socios, más se ve dispuesto a forzar los fundamentos de la legalidad democrática.

El golpe de mano para prescindir del coronel López de los Cobos y colocar en su lugar a un afín es el nuevo paso de este inquietante desafío. La embestida del toro rejoneado es la más imprevisible y dañina. Tiene que trocar en fortaleza la causa de su debilidad para aguantar ante el burladero. El Gobierno es un astado señalado por las banderillas de la justicia. Dispuesto a lo que sea para mantenerse, lo seguro es que arreciará en sus embestidas. Y como el Gobierno es una coalición en la que cada parte depende de la otra, es un cálculo ilusorio esperar que pueda erosionarse. Iglesias se abrazará a Sánchez y Sánchez abrazará a Iglesias con más intensidad si cabe.

En estas calendas ya es indiferente cuál sea el desenlace de las investigaciones en curso. Hay que temer más al interés que los aglutina y al contagio de intenciones para perdurar. Si Iglesias menosprecia una Constitución que no responde a las «bases materiales de las bases sociales», el manual de resistencia puede reemplazarse por un plan de derribo de la alternancia que va pergeñándose en los recovecos de la Moncloa. La alianza con el independentismo a través de Podemos puede ir tan lejos como a ambos les interese para permanecer.

Durante la sucesión de estados de alarma se han tejido, sin disimulos, los mimbres anticonstitucionales de los que depende la inestabilidad gubernamental. Ahora son recursos que aseguran la permanencia de este equilibrio inestable. Las decisiones sanitarias adoptadas han ido a la par de la geometría variable administrada para neutralizar cualquier posibilidad de control de la oposición. Lo grave no fue que lo excepcional se hiciese normal, sino que la aplicación del ordenamiento legal haya servido de cauce a la arbitrariedad jurídica.

Lo más preocupante hoy no son los intentos para traspasar líneas rojas o negras, sino el descaro con que se hace. Bajo la cobertura de medidas de salud, se ha construido un relato paralelo para desactivar a la oposición: ahora resulta que no son sus socios independentistas los que lo exprimen. El relato consiste en que una oposición desleal obliga al Gobierno a echarse en manos de los secuaces del terrorismo.

Para contrarrestar la progresiva desafección provocada por una gestión negligente, el Gobierno encargó a sus centrales mediáticas un relato alternativo que ya presenta al ciudadano contagiado por el virus propagandístico. El golpe de mano de Fernando Grande-Marlaska para destituir al coronel muestra que están dispuestos a ir tan lejos en cada circunstancia como sea preciso para situar a la oposición en el espacio más reducido posible. Ahora, el voto negativo del PP es una traición de una derecha desleal y desnortada que hace depender la salud de los españoles de la colaboración del Gobierno con los antiespañoles. Aunque un cuento chino fuera más creíble, la insidia muestra por dónde van los tiros cuando es necesario.

Lo más peligroso es que define un plan de acoso y derribo de la alternancia para mantener a largo plazo las alianzas de la investidura. Ahora Sánchez e Iglesias van unidos por el mismo lazo. Quiera o no quiera, Vox hace de tonto útil en este relato. Es un espantajo que necesitan airear los confabulados para hacer más creíble su patraña.

Imagen destacada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, y los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, a su llegada al hemiciclo del Congreso de los Diputados. | Agencia EFE