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La credencial de la justicia es ser independiente del designio político para que su ejercicio esté preservado de servidumbres a las instituciones públicas o privadas. El problema para la independencia de iure está en que lo sea de facto. Véanse las continuadas sentencias que desmienten la política de inmersión lingüística para conseguir que el español pase a ser una lengua extraña allí donde coincide con una lengua regional. La última del TSJC se añade a un rastro de sentencias ninguneadas por Ejecutivos comunitarios. El independentismo no se contenta con imponerse mediante hechos consumados, quiere imponer un derecho, extraño a la Constitución, que de carta de naturaleza a la continuada transgresión de la legalidad.

Impedir que la supremacía de los políticos sobre el resto de los ciudadanos los permita campear fuera del reducto de la ley es fin principal de la justicia. El ciudadano necesita que la justicia descubra el lado tenebroso del rincón donde, entre sombras, se reparte y gasta el presupuesto, se retuerce la legalidad o se abusa de aquellos en cuyo nombre se gestionan los recursos públicos. Velar para que, quien parte y reparte el presupuesto, ya sea municipal, autonómico o nacional, no se lleve la mejor parte, aprovechándose de su prepotente oscuridad.

Los ojos vendados de la justicia no deben mirar al infractor, sino al delito. La independencia garantiza la imparcialidad. En cuanto los Gobiernos tienen apuros para actuar a sus anchas, tratan de quitar la venda. En España la presión aumentó desde que el Gobierno de Felipe González desplazó a las Cámaras el nombramiento de la docena de vocales elegidos entre jueces y magistrados con la reforma del Consejo General del Poder Judicial en 1985. La ley no modificó que la mayoría parlamentaria exigida para la elección fuera de tres quintos, no solo porque estuviera fuera de su alcance cambiar la letra del artículo 122 de la Constitución, sino porque a nadie se le ocurrió entonces semejante despropósito. Lo que se les ocurrió es que fuera el Parlamento, no los jueces, el órgano elector.

Las tensiones creadas durante las negociaciones para alcanzar los tres quintos parecieron atenuarse con la modificación en 2001 del procedimiento, cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Su programa reconocía, sin embargo, que la elección directa entre jueces y magistrados es la que mejor garantiza la independencia judicial, como advirtió el Tribunal Constitucional al aceptar la reforma de 1985, ya que atenúa la intromisión de los partidos políticos. Es sintomático que solo cuando el Partido Popular pasa a la oposición proponga una vuelta a la primitiva forma de cooptación, pero que no la haga efectiva cuando cuenta con la mayoría absoluta, como ocurrió en 2001 y, después, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, esta fue la recomendación del Tribunal Constitucional en 1985.

Es sintomático que solo cuando el Partido Popular pasa a la oposición proponga una vuelta a la primitiva forma de cooptación, pero que no la haga efectiva cuando cuenta con la mayoría absoluta, como ocurrió en 2001 y, después, durante el primer Gobierno de Rajoy

Los cambios de criterio del Partido Popular evidencian cómo mudan los intereses cuando se pasa a la oposición. Parece que ahora por fin lo tienen definitivamente claro. La pretensión gubernamental de elevar a ley orgánica una reducción de la mayoría cualificada de tres quintos a mayoría absoluta muestra que, si hace falta para salvaguardar inconfesables intereses gubernamentales, la voluntad política está dispuesta a sacrificar la independencia judicial. Esta vez la mano se ha extralimitado. De ahí, la admonición europea que acabó con el desafuero.

El actual Ejecutivo es el más dependiente de condicionamientos políticos de cuantos se han sucedido durante la democracia española. Acordonado por la acumulación de partidos que lo respaldan, el presidente Sánchez está debilitado para tomar decisiones propias congruentes con el ideario socialista promotor de la Constitución. Su permanencia en el poder no depende de sí mismo ni de su partido, como hasta ahora había ocurrido en todos los Gobiernos anteriores. Es la debilidad de una coalición casi inverosímil, no su fortaleza, la que lleva a dejar al Poder Judicial en manos de la voluntad partidista que respalda, por dentro o por fuera, a la coalición gubernamental. La dependencia y el condicionamiento se agravan, porque los confabulados están debilitados, a su vez, por el común inventario de causas judiciales pendientes o por los intereses particulares que llevan a contagiar la política penitenciaria.

Una justicia acosada y una oposición fragmentada

Un Gobierno vulnerable ha hecho de la prepotencia de la coalición una eficiente arma defensiva. Finge que la oposición se resiste a pactar la elección del CGPJ, cuando es su debilidad lo que lo lleva a acosar al órgano de los jueces para proteger a los socios de comparecer ante los tribunales. La debilidad compartida aglutina la fortaleza práctica de los acosadores, no la teórica: la profesora Carmen Calvo anuncia que el CGPJ tiene que paralizarse por estar en funciones, porque hay una ley pendiente de aprobación. Como si un hospital tuviera que paralizarse hasta que no se promulgue la ley sanitaria anunciada para regular las competencias hospitalarias. Proclama que la soberanía reside en el Parlamento, ignorando que la Constitución la atribuye al pueblo español, que si el Congreso fuera soberano para gobernar no existiría un Tribunal Constitucional y que tanto el Congreso como el CGPJ están sometidos a la ley aplicable durante una actividad que no puede depender de la hipótesis de que se apruebe otra ley futura, por prevista que esté.

El CGPJ responde por abultada mayoría que habría que remitir la situación al dictamen europeo antes de que nos saquen otra vez los colores. Es lo más sensato y ecuánime, pero ni la sensatez ni la ecuanimidad cuentan cuando se necesita controlar la justicia para sobrevivir. Esa es la fuerza del Gobierno para maniatar la justicia. Enfrente, una oposición fraccionada y una justicia acosada que encuentra su principal garantía mirando a Europa.

Imagen destacada: El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes (i), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el Rey Felipe VI (d). | Agencia EFE